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Ley 30364 Actualizada 2022
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No. of Pages 54
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Language English
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Ley 30364 Actualizada 2022

Aquí en este post vamos a presentar la Ley 30364 Actualizada 2022 PDF. Mediante Ley N° 30823, el Congreso de la República confirió al Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de gestión económica y competencia, integridad y lucha contra la corrupción, prevención y protección de las personas en situación de violencia y vulnerabilidad. modernización de la gestión estatal por un período de sesenta (60) días calendario; Que, el textual b del numeral 4 del artículo 2 del citado instrumento legal, busca fortalecer el marco legal para la prevención y protección de la violencia contra las mujeres y los grupos familiares, así como los casos de hostigamiento, víctimas de hostigamiento.

Lugar público, tentativa de homicidio de mujer, homicidio de mujer, violación y violación de menores, así como la sanción efectiva de los delitos señalados; Que, es necesario reformar la Ley N° 30364 para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y los miembros de los grupos familiares, a fin de fortalecer las medidas encaminadas a la protección de las víctimas de la violencia, pueda ser ampliada. En favor de éstos y para agilizar el trámite de entrega de los mismos; así como ordenar la actuación de los operadores de justicia y demás actores con responsabilidades en el caso;

Ley 30364 Actualizada 2022 PDF – Reflejos

Artículo 1.- Objeto

El presente Decreto Legislativo tiene por objeto fortalecer la prevención, abolición y sanción de todas las formas de violencia contra las mujeres y los integrantes de los grupos familiares, mejorar los mecanismos de atención y protección a las víctimas, en particular el marco que rige las salvaguardias.

Artículo 2.- Modificación de los artículos 10, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 28 y 45 de la Ley N° 30364

Modificar literal c. del artículo 10; artículos 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 26 y 28; y el Numeral 14 del Artículo 45 de la Ley N° 30364, Ley para Prevenir, Sancionar y Eliminar la Violencia contra la Mujer y los Miembros del Grupo Familiar, en las siguientes condiciones:

“Artículo 10. Derecho a la asistencia y protección integral”

C. promoción, prevención y atención de la salud

la promoción, prevención, atención y recuperación integral de la salud física y mental de las víctimas de violencia contra la mujer y miembros del grupo familiar en forma gratuita en cualquier establecimiento de salud del Estado e incluya la atención médica; pruebas de ayuda al diagnóstico (laboratorio, imagenología y otras); hospitalización, medicamentos, tratamiento psicológico y psiquiátrico; y cualquier otra actividad necesaria o necesaria para el restablecimiento de su salud. En los casos de víctimas de violación, requieren cuidados especiales de acuerdo con las directrices establecidas por el Ministerio de Salud.

El Ministerio de Salud tiene a su cargo la prestación gratuita de los servicios de salud para la recuperación integral de la salud física y mental de las víctimas. En cuanto a la atención médica y psicológica que brinda, el Ministerio de Salud debe velar por la adecuada recolección y resguardo de la documentación probatoria de los hechos de violencia. Esta obligación se extiende a toda la atención médica y psicológica que se brinde a las víctimas de violencia en los servicios públicos y privados, quienes además deberán expedir los certificados e informes pertinentes sobre el mérito del daño físico y psicológico a la víctima de acuerdo con las normas médicas. Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público o cualquier parámetro técnico que permita determinar el tipo y grado del daño; Así como informes que valoran el impacto psicológico.

Decreto Supremo N° 005-2022-MIMP

Artículo 14. Competencia

Los tribunales de familia son competentes para conocer de las denuncias por actos de violencia contra la mujer o contra miembros del grupo familiar.

En las zonas donde no existen juzgados de familia, existen juzgados de paz o juzgados de paz, según corresponda.

En el marco de lo dispuesto en el Código de la Niñez y la Adolescencia, el fiscal de familia interviene a nivel policial en todos los casos de violencia en que las víctimas sean niños, niñas y adolescentes.

Artículo 15. Denuncia”

Las denuncias pueden presentarse por escrito u oralmente ante la Policía Nacional del Perú, los fiscales penales o de familia y los juzgados de familia. En los lugares donde éste no esté presente, también podrá comparecer ante un abogado de paz o jueces de paz. Cuando se trata de una denuncia oral, se levanta un acta sin otro requisito que hacer una breve descripción de los hechos.

La denuncia puede ser interpuesta por el perjudicado o por cualquier otra persona en su nombre sin necesidad de su representación. También puede ser interpuesto por el Defensor del Pueblo. No se requiere firma de abogado, honorarios o cualquier otra formalidad.

Sin perjuicio de lo anterior, los profesionales de la salud y la educación deben denunciar los casos de violencia contra las mujeres o miembros del grupo familiar que conozcan en el ejercicio de su actividad.”

Artículo 16. Procedimiento Especial

Los procedimientos especiales por violencia contra la mujer y miembros del grupo familiar se llevan a cabo teniendo en cuenta lo siguiente:

Una. En caso de riesgo menor o moderado, identificado en el Formulario de Evaluación de Riesgo, el Juzgado de Familia, en un plazo no mayor de cuarenta y ocho (48) horas contadas desde que tuvo conocimiento de la denuncia, evalúa el caso y resuelve en consecuencia. audiencias para el dictado de las garantías y/o medidas cautelares necesarias, que sean acordes a las necesidades de la víctima.

b. En caso de riesgo grave, identificado en el Formulario de Evaluación de Riesgo, el Juzgado de Familia, en un plazo máximo de veinticuatro (24) horas, cuenta desde que conoce la denuncia, evalúa el caso y dicta las salvaguardias y/o necesarias. medidas cautelares, según corresponda a las necesidades de la víctima. En este caso, el juez puede retirarse de la audiencia.

La audiencia no puede ser aplazada y se hace con los asuntos procesales presentes.

El Juzgado de Familia, por el medio más rápido, notifica la liberación de los recursos las entidades encargadas de su ejecución para su cumplimiento inmediato.”

Artículo 17. Izado de la Bandera

En caso de un delito mayor que involucre actos de violencia contra la mujer y miembros del grupo familiar, la Policía Nacional del Perú procede a la detención inmediata del agresor, incluso al allanamiento de su domicilio o del lugar donde se hayan producido los hechos. ; El arresto civil también es apropiado según las disposiciones del Código de Procedimiento Penal.

En estos casos, la policía levanta un acta en la que se hace constar la entrega del detenido y demás circunstancias de injerencia, debiendo ponerse en conocimiento inmediato de los hechos la acusación penal a fin de continuar con la investigación correspondiente.

Artículo 19. Declaración de víctima y entrevista única

Cuando la víctima sea niña, niño y menor de edad o mujer, su declaración deberá rendirse bajo la técnica de entrevista única y tramitarse como prueba anticipada. La declaración de la mayoría de edad de la víctima podrá hacerse con las mismas técnicas, a criterio del fiscal.

El juez podrá ampliar la declaración de la víctima sólo en los casos en que se requiera para aclarar, complementar o precisar algún punto de su declaración.

Artículo 20. Sentencia”

La sentencia podrá tener como resultado la absolución o la sentencia que ponga fin al proceso de los delitos relativos a hechos que constituyan actos de violencia contra la mujer y los miembros del grupo familiar.

En caso de condena o reserva de condena, salvo lo establecido en el artículo 394 del Código Procesal Penal, promulgado por Decreto Legislativo N° 957, y en su caso, incluir:

1. Tratamiento médico a favor de la víctima.

2. Tratamiento especial de los calumniadores.

3. Las sanciones previstas en el artículo 288 del Código de Procedimiento Penal, así como otras normas análogas.

4. Medidas adoptadas por los ayuntamientos o comunidades del domicilio habitual de la víctima y del agresor para garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad.

5. Inscripción de condenas en el Registro Nacional de Condenados y Registro Único de Víctimas y Agresores.

6. Cualquier otro recurso a favor de las víctimas o sus familiares.

En caso de que las partes en el proceso utilicen un idioma distinto al español, se traduce la sentencia. En los casos en que no fuere posible la traducción, el juez ordenará la presencia de una persona que pueda informarles de su contenido”.

Artículo 21. Responsabilidad funcional”

El que omita, rechace o retarde cualquier acto bajo su responsabilidad, en procedimientos derivados de aquellos hechos que constituyan actos de violencia contra la mujer o contra miembros de un grupo familiar, sancionados con los delitos sancionados en los artículos 377 o 378 del Código, según corresponda; sin perjuicio de la responsabilidad civil y/o administrativa que corresponda conforme a la ley.”

Artículo 22. Finalidades y tipos de salvaguardias

Las medidas de protección destinadas a neutralizar o reducir los efectos nocivos de la violencia cometida por el condenado, y permitir a la víctima el normal desarrollo de sus actividades cotidianas; a fin de asegurar su integridad física, psíquica y sexual, o la integridad de su familia, y proteger sus bienes.

El tribunal las dirige teniendo en cuenta el riesgo, la urgencia y la necesidad de protección de la víctima y el peligro de demora.

Entre las garantías que pueden dictarse en procesos por hechos de violencia contra la mujer y miembros del grupo familiar se encuentran las siguientes:

1. Retiro del agresor de la vivienda donde se encuentra la víctima, así como prohibición de su regreso. La Policía Nacional del Perú puede ingresar a dicho domicilio para su ejecución.

2. Obstruir el acceso o la proximidad a una distancia razonable del domicilio, centro de trabajo, centro de estudios u otro lugar de la víctima en el que desarrolle sus actividades cotidianas, de cualquier forma que garantice su seguridad e integridad.

3. Prohibición de comunicación con la víctima a través de carta, teléfono, electrónico; Asimismo, a través de chat, redes sociales, redes institucionales, intranets u otras redes o formas de comunicación.

4. La prohibición del derecho del atacante a poseer y portar armas, ya ser notificado a la Superintendencia Nacional de los Servicios de Seguridad, Control de Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil, para revocar la tenencia y uso de la licencia. y decomisar las armas que estén en poder de las personas respecto de las cuales se hayan dictado salvaguardias. En caso de actividad en el caso de miembros de las Fuerzas Armadas del Perú y de la Policía Nacional que utilicen armas de propiedad estatal en el ejercicio de sus funciones, el tribunal actúa como institución armada o policial para los efectos de este asunto.

5. Inventario de bienes.

6. Asignación Financiera de Emergencia que incluye elementos esenciales para satisfacer las necesidades básicas de la víctima y sus dependientes. La asignación debe ser adecuada y adecuada para mantener o colocar a la víctima en una posición de riesgo frente a su agresor y evitar que vuelva a entrar en el ciclo de la violencia. Esta asignación se paga a través de depósito judicial o agencia bancaria para evitar exponer a la víctima.

7. Prohibición de hipoteca o hipoteca, enajenación o donación de bienes muebles o inmuebles ordinarios.

8. Prohibido sustraer a los niños, niñas, adolescentes u otras personas en condiciones inseguras del cuidado del grupo familiar del denunciado.

9. Tratamiento reeducativo o médico del agresor.

10. Tratamiento psicológico para la recuperación emocional de la víctima.

11. Albergue de la víctima en un establecimiento donde se garantice su seguridad, previa coordinación con la institución a su cargo.

12. Cualesquiera otras salvaguardias necesarias para proteger la integridad y vida de la víctima o de sus familiares.

Artículo 23. Validez y legalidad de las medidas de seguridad y cautelares”

Las medidas de seguridad y cautelares dictadas por el Juzgado de Familia se mantienen vigentes mientras se mantenga la situación de riesgo de la víctima, ya sea mediante resolución que ponga fin a la investigación oa un proceso penal o de faltas.

Estas medidas podrán ser modificadas, prorrogadas u omitidas sin efecto por el Juzgado de Familia cuando, de los informes periódicos que envíen las entidades encargadas de su ejecución, advierta un cambio en la situación de riesgo de la víctima, o previa solicitud. En tales casos, el Juzgado de Familia cita a las partes a la audiencia correspondiente.

El Juzgado de Familia también podrá modificar, prorrogar o dejar sin efecto dichos recursos cuando tenga conocimiento de la sanción o disposición a iniciar una investigación, o proceso penal o contravencional que haya dado lugar a salvaguardias, para lo cual invitará a audiencia de las partes al interesado.

El Juzgado de Familia deberá, de inmediato y por ningún medio, notificar a las entidades encargadas de su ejecución su decisión de modificar, prorrogar o cancelar las medidas.

Las medidas de seguridad y cautelares tienen validez nacional y su cumplimiento puede ser solicitado ante cualquier organismo policial.

Artículo 26. Certificado e informe médico”

Los certificados e informes, emitidos por médicos de diversas regiones e instituciones y establecimientos públicos de salud de nivel gubernamental en el estado, tienen un valor potencial sobre el estado de salud física y mental en los procesos de violencia contra la mujer y sus familiares. grupo.

Tienen igual valor los certificados e informes emitidos por los centros de salud parroquiales y los establecimientos privados cuyo funcionamiento haya sido autorizado por el Ministerio de Salud.

Los certificados e informes que califiquen o evalúen el daño físico y psíquico de la víctima deberán estar de acuerdo con las Normas Médico-Legales del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público. También tendrá valor potencial un informe elaborado de acuerdo con algún parámetro técnico que permita determinar el tipo y grado del daño.

Los certificados e informes de salud física y mental contienen información detallada sobre los resultados de las evaluaciones a las que ha sido sometida la víctima. De ser así, el certificado y el informe de la evaluación física deben registrar la elegibilidad para la atención médica y los días de incapacidad.

Cuando no se disponga de los certificados o informes anteriores, la fiscalía, juzgado de paz o juzgado de paz podrá solicitar informes, certificados o constancias de integridad física, sexual o mental a los establecimientos de salud donde fue atendido el paciente. Naturaleza de la prueba en los procesos de violencia contra la mujer y miembros del grupo familiar.

En el marco de la atención que brindan todos los establecimientos de salud públicos y privados, deben velar por la debida recolección, conservación y documentación de los indicios de hechos de violencia.

Los informes psicológicos de los centros de emergencia de la mujer y otros servicios estatales especializados tienen un valor potencial del estado de salud mental en los procesos de violencia contra las mujeres y los miembros del grupo familiar.

En el sector público, la expedición de certificados y la consulta médica que los generó, así como los exámenes complementarios o pruebas para emitir un diagnóstico, son gratuitos.

Para los efectos de esta ley, no es necesaria la celebración de audiencia especial de ratificación pericial; Por tanto, no se requiere la presencia de profesionales para corroborar los certificados y valoraciones que hayan emitido para dotarlos de potencial valor.”

Artículo 28. Evaluación de Riesgos

En los casos de denuncias de violencia contra la mujer y sus familiares, la policía nacional, el ministerio público o el poder judicial del Perú aplica las fichas de evaluación de riesgos, que corresponden a cada caso. Cuando toman conciencia de actos de violencia mientras hacen otras cosas, también deben aplicarla.

La Policía Nacional y el Ministerio Público del Perú deberán remitir el Formulario de Evaluación de Riesgos al Juzgado de Familia de conformidad con el procedimiento regulado en esta Ley, el cual lo evaluará para su pronunciamiento sobre medidas de seguridad o cautelares y para ser actualizado cuando las circunstancias lo requieran. ,

Artículo 45. Responsabilidades territoriales”

14. Gobiernos Regionales y Locales

14.1 En el caso de Gobiernos Regionales

a) Formular, regular, dirigir, ejecutar las políticas de los planes, políticas y programas regionales para la sensibilización, prevención, detección y atención de todas las formas de violencia contra la mujer y los miembros del grupo familiar, Promover, supervisar y controlar.

b) Crear y liderar órganos consultivos regionales para promover la expresión y funcionamiento del sistema nacional en el ámbito de su competencia.

c) Incluir en sus planes de defensa civil la prevención y combate de la violencia contra la mujer y sus familiares, así como monitorear la efectividad de tales acciones en los lugares de coordinación de los comités regionales de defensa civil.

d) establecidos en esta ley.

14.2 En el caso de los gobiernos locales

a) Formular, regular, dirigir, ejecutar políticas de planes, políticas y programas locales y comunitarios para sensibilizar, prevenir, detectar y atender todas las formas de violencia contra la mujer y los miembros del grupo familiar Promover, supervisar y controlar.

b) Crear y administrar los órganos consultivos provinciales y distritales para promover la expresión y funcionamiento del sistema nacional en el ámbito de su competencia.

c) implementar servicios de atención, reeducación y tratamiento para los agresores, de acuerdo con los criterios establecidos en esta ley.

d) Implementar el empoderamiento social y económico de las víctimas de la violencia y los servicios de prevención contra la violencia contra la mujer y los miembros del grupo familiar a través de programas preventivos, reflexiones dirigidas a los hombres para promover relaciones igualitarias y libres de la violencia grupal.

e) Incluir acciones para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y los miembros del grupo familiar en sus planes de protección civil, así como monitorear la efectividad de tales acciones en las sedes de coordinación de los comités provinciales de protección civil y los comités de distrito de protección civil.

f) establecidos en esta ley.

Aquí puede descargar gratis el PDF Ley 30364 Actualizada 2022 haciendo clic en el enlace que figura a continuación.


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